domingo, junio 27, 2010

Historiador venezolano (Elías Pino Iturrieta) nos habla sobre la aplicación ilegal de la reforma constitucional rechazada en referendo popular

Artículos de opinión de los historiadores

Transcribimos el artículo del historiador Elías Pino Iturrieta que publica todos los sábado en El Universal. El subrayado es nuestro.

La Asamblea y las comunas
Todo lo que fue negado se convirtió en proyecto preferencial de quien había reconocido su derrota

El 2 de diciembre de 2007 no existió. Se esfumó de los sucesos de la tierra. La voluntad del mandón lo condenó al ostracismo para que las decisiones que entonces se tomaron dejaran de considerarse como hecho concreto. Los electores se volvieron humo, porque las artes de la magia presidencial se ocuparon de realizar todo lo que se había negado durante ese día ahora desaparecido del almanaque cívico. Seguramente recordarán los lectores lo que aconteció durante la fecha: los votos, en términos indiscutiblemente mayoritarios, negaron la reforma constitucional promovida por el Jefe del Estado en la cual contemplaba asuntos contrarios al interés de la ciudadanía, como la implantación del socialismo, la reelección presidencial y la modificación de estructuras de poder y de administración consagradas por la Carta Magna de 1999.

De cómo el 2 de diciembre de 2007 fue desterrado de la historia dan cuenta numerosas tropelías, la mayoría movidas por la voluntad del mandón: la fundación a troche y moche de un designio socialista de convivencia, la limitación estricta del principio de la alternabilidad republicana, la sujeción cada vez más evidente del poder civil a la influencia del poder militar y un avasallamiento mayor de las autoridades regionales, por ejemplo.
Todo lo que fue negado entonces se convirtió en proyecto preferencial de quien había reconocido su derrota, no sin dejar de anunciar que se trataba de un triunfo pírrico de sus adversarios. Pirros de pacotilla, Pirros incautos, creímos los triunfadores de la magnífica jornada que ninguna teja se desprendería de las alturas para convertir el regocijo en oficio funeral. De cómo estábamos equivocados informa una sucesión de desmanes sin cuento, algunos ya mencionados, que se pueden resumir en el acontecimiento estelar de esta semana: el visto bueno de la Asamblea Nacional a una Ley Orgánica de Comunas inspirada por el Ejecutivo y aclamada por la mayoría de los parlamentarios en el curso de una sola sesión.
Las alteraciones de las estructuras de gobierno fueron negadas el 2 de diciembre de 2007, como se sabe. La decisión de los electores descartaba, sin alternativa de discusión, la creación de entidades o autoridades con poder de decidir y administrar en parcelas de la sociedad cuyos miembros quedaban sujetos a la regulación mayor de 1999. Pero el mandón creó la figura de las comunas, con capacidad de incidir de forma recurrente en la política y en la economía de naturaleza comarcal y local; y un Ministerio de las Comunas a través del cual se profundizaría la presencia de la criatura recién salida de su prolífico vientre.
Sin embargo, el engendro quedaba guindando en su fragilidad de neonato. Faltaba la confirmación después del inesperado bautismo y es lo que está haciendo frente a nuestras narices la Asamblea Nacional, al proveerlo de cartilla y avío capaces de evitar los escollos del crecimiento y las manchas de la reputación.
Que la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional sean parte fundamental del guiñol del chavismo no es noticia nueva. Su sumisión a los designios del titiritero ya es proverbial. La aprobación de normas cuyo contenido desconocen los participantes en las plenarias se ha vuelto asunto cotidiano. Debido a la costumbre de la mudez, la inexistencia de debates es la tonalidad que domina el paisaje gris del Capitolio. En consecuencia, no estamos ante una conducta inesperada de quienes han destacado en el rol de perseverantes marionetas. Sin embargo, el hecho de aprobar con entusiasmo una regulación como la Ley Orgánica de Comunas, capaz de cambiar la faz y la médula de la administración pública contraviniendo la decisión popular de 2007 y la esencia misma de la Constitución vigente, sobresale en el desfile de sometimientos propio de sus miembros. Si recuerdan que son representantes del pueblo, deberían sentir que el pueblo se pronunció sobre la materia el 2 de diciembre de 2007 y que sobre tal decisión no existe la alternativa de las zancadillas. La cabeza del cuerpo, Cilia Flores, para justificar la escandalosa transgresión recordó que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo". Sabemos que, por desdicha, para ella y para la mayoría de los diputados "Chávez es el pueblo". Una sinonimia tan antirrepublicana debe llamarnos a la reflexión para actuar en consecuencia, es decir, para hacer del Parlamento el foro que la ciudadanía merece y requiere. Si existe aún la ciudadanía entre nosotros.

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